Familias cristianas siguen siendo perseguidas

Según un comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en inglés), autoridades locales en el pueblo de Unión Juárez, en el municipio de La Trinitaria, México, se reunieron ayer en un intento de cortar el suministro de agua a familias adicionales que pertenecen a la Iglesia Evangélica Monte Tabor, debido a la negativa continua de los protestantes a participar activamente en ceremonias católicas.

Un total de 27 familias se han quedado sin agua y electricidad, las autoridades del pueblo tratan de aumentar la presión sobre los protestantes.

Los activistas locales de derechos humanos están preocupados de que la intolerancia religiosa en el pueblo es cada vez mayor y que los funcionarios del gobierno no puedan intervenir.

"Hacemos un llamado al Gobierno federal de México, así como el Gobierno del estado de Chiapas para intervenir con urgencia en estos dos casos y para defender la libertad religiosa, tal como se garantiza en la Constitución mexicana, para todos sus ciudadanos", dijo Andy Dipper, director de Operaciones de CSW.

Mientras tanto, el 26 de abril, los jóvenes que son miembros de un grupo de católicos y bautistas desplazados por la fuerza llevaron a cabo una peregrinación con el fin de llamar la atención sobre las continuas amenazas y la intolerancia religiosa por parte de la mayoría presbiterianos hacia los católicos y bautistas en la localidad de Puebla, en el estado de Chiapas.

Más de 200 personas asistieron a una misa en la capital municipal, Chenalhó, para celebrar el fin de la peregrinación de la comunidad de Tsabalho a Chenalhó. Representantes de CSW asistieron a la ceremonia religiosa, que fue presidida por el padre Manuel Pérez Gómez, quien fue detenido arbitrariamente durante cinco horas y golpeado por jóvenes presbiterianos en agosto pasado. A raíz del incidente, fueron desplazados por la fuerza 15 católicos y dos familias bautistas.

El grupo regresó a sus hogares en Puebla el 14 de abril por necesidad. Sus representantes dijeron CSW que no recibió el apoyo del gobierno durante su desplazamiento: "No teníamos suficiente para comer y decidimos volver para que pudiéramos trabajar en nuestros campos, a pesar de que no teníamos garantías para nuestra seguridad."

Ellos también dijeron a CSW que el gobierno había tomado medidas para castigar a los responsables de actos criminales dirigidos a los no presbiterianos, incluyendo lo sucedido al padre Pérez Gómez. Expresaron su preocupación de que la desinformación, acusando a los católicos y bautistas de envenenar el suministro de agua del pueblo, continuó circulando sin respuesta por parte de funcionarios del gobierno y que los actos de intimidación continúan.

Uno de los miembros de la comunidad dijo a CSW: "Cuando fui a mi casa, me encontré en la cama con un gato muerto en descomposición lleno de gusanos. Me pregunté: '¿Qué están tratando de decirme? ' Cerré la puerta y me fui a buscar mis cosas. Yo tenía mucho miedo. Consideré regresar a Acteal (localidad del municipio de Chenalhó), me sentí amenazado; antes de que nos habían dicho que iban a quemar la casa".

"El ciclo de la impunidad y la intolerancia religiosa en curso no debe permitirse que continúe - a los responsables de actos delictivos como la violencia física, la destrucción de la propiedad y la privación arbitraria de los servicios básicos como agua y electricidad deben rendir cuenta. Estamos en solidaridad con los jóvenes de Puebla y de acuerdo con su demanda de justicia", indicó Dipper.

Las autoridades de los pueblos católicos tradicionalistas cortaron el suministro de agua y electricidad a 25 familias protestantes en febrero y arbitrariamente detuvieron a un miembro de la comunidad que trató de volver a conectar la alimentación de agua.